Un nuevo informe de AdaptED comparte lecciones para construir sistemas educativos resilientes ante desastres en América Latina y el Caribe
Vista de San Salvador, El Salvador.
Ante la intensificación de las amenazas vinculadas al clima en América Latina y el Caribe, un nuevo informe respaldado por GPE KIX analiza cómo los sistemas educativos pueden mejorar su preparación, respuesta y recuperación ante desastres, garantizando al mismo tiempo la continuidad del aprendizaje y la equidad.
Los desastres afectan cada vez más la educación en América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 2019, más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes de la región experimentaron interrupciones en su educación como resultado de aproximadamente 60 desastres. Estos desastres, que surgen de la combinación entre amenazas como huracanes, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas, y vulnerabilidades ya existentes, no solo ocasionan daños en la infraestructura escolar. También interrumpen los procesos de aprendizaje, exacerban las desigualdades y comprometen el derecho a la educación de millones de estudiantes.
Un nuevo informe de AdaptED: Observatorio para la Resiliencia Educativa en América Latina y el Caribe explora qué pueden hacer los sistemas educativos para resistir mejor estas perturbaciones. El informe, Desastres y educación en América Latina y el Caribe: impactos, desafíos y oportunidades para la resiliencia, analiza cómo los desastres afectan la educación e identifica prácticas prometedoras para fortalecer la resiliencia del sistema educativo en la región.
Esta publicación constituye el primero de una serie de informes temáticos de AdaptED que analizan las principales amenazas a la continuidad educativa en América Latina y el Caribe.
Basándose en estudios de caso de Dominica, El Salvador y San Vicente y las Granadinas, el informe muestra que las experiencias previas con desastres han supuesto a menudo un punto de inflexión para la reforma educativa. En cada país, la exposición a huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y otros peligros ha puesto de manifiesto vulnerabilidades en los sistemas educativos, al tiempo que ha impulsado nuevas políticas, inversiones y mecanismos de coordinación orientados a proteger el aprendizaje y apoyar la recuperación.
Los tres estudios de caso ilustran enfoques diferentes, pero complementarios, de la resiliencia educativa:
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Dominica ha colocado la resiliencia en el núcleo de su desarrollo nacional a raíz del huracán María de 2017. Bajo el principio de «reconstruir para mejorar» (build back better), el país ha invertido en infraestructura escolar resiliente, ha incorporado la reducción del riesgo de desastres en los planes de estudio y ha reforzado la planificación para asegurar la continuidad de la educación en situaciones de emergencia.
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San Vicente y las Granadinas ha impulsado un enfoque centrado en las escuelas mediante políticas de seguridad escolar, comités de seguridad escolar, equipos de respuesta a emergencias formados por alumnado, formación del profesorado y la integración de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático en la enseñanza y el aprendizaje.
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El Salvador ha desarrollado un sólido marco institucional y normativo, que incluye planes obligatorios de gestión de riesgos en los centros escolares, directrices de protección escolar, coordinación intersectorial e inversiones en infraestructuras escolares resilientes.
El informe también destaca que la resiliencia ante desastres en la educación no puede limitarse a reconstruir escuelas o reabrir aulas. Los desastres producen impactos directos, como: el deterioro de las infraestructuras, la suspensión de clases y la pérdida de materiales pedagógicos, así como impactos indirectos, entre ellos: la disminución de los ingresos familiares, la inseguridad alimentaria, la migración, la violencia y los problemas de salud mental. Estos efectos indirectos pueden tener consecuencias a largo plazo para la asistencia, el aprendizaje, la retención y el bienestar estudiantil, particularmente para los estudiantes que ya enfrentan vulnerabilidad.
Entre sus recomendaciones, el informe aboga por marcos normativos y mecanismos de coordinación más sólidos, una mayor inversión en preparación y prevención, una mejora en la recopilación de evidencia y la integración sistemática del cambio climático y de la reducción del riesgo de desastres en los sistemas educativos. Asimismo, destaca la importancia de garantizar que las iniciativas de resiliencia respondan a las necesidades de las poblaciones vulnerables y promuevan oportunidades de aprendizaje equitativas.
Ante el incremento de los riesgos relacionados con el clima en toda la región, el informe aboga por un enfoque más integral de la resiliencia del sistema educativo, que proteja la continuidad del aprendizaje y, al mismo tiempo, aborde las repercusiones sociales, emocionales, económicas y territoriales de los desastres en el alumnado y las comunidades. El informe concluye que garantizar la resiliencia de los sistemas educativos significa asegurar que todos los niños y jóvenes puedan seguir aprendiendo de forma segura y equitativa, incluso en tiempos de crisis.
