Aprender en medio de las interrupciones: Cómo Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central están creando sistemas educativos resilientes

En los países socios del Intercambio de Conocimiento e Innovación de la Alianza Mundial para la Educación (GPE) en Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central, las crisis naturales, los conflictos y los problemas de salud pública han interrumpido la educación y han dejado en evidencia —y empeorado— debilidades estructurales que ya existían desde hace tiempo. Estas crisis agrandan las brechas de acceso, interrumpen el aprendizaje y bajan la calidad educativa, afectando más fuerte a las personas más vulnerables. A medida que estas interrupciones se acumulan, los sistemas educativos ya no pueden tratar cada crisis como algo aislado o excepcional. Ahora tienen que anticiparse a los riesgos, adaptarse en tiempo real y desarrollar capacidades para proteger el aprendizaje antes de que llegue el siguiente golpe. A esto es a lo que en el desarrollo internacional se le llama cada vez más “resiliencia del sistema educativo”: esfuerzos intencionales y a nivel de todo el sistema para mantener la educación frente a distintos tipos de crisis.

En este blog compartimos ideas clave de un informe que analiza cómo los países socios del GPE en esta región (Albania, Ucrania, Moldavia, Georgia, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Mongolia) entienden y aplican la resiliencia en sus sistemas educativos.

El término “resiliencia del sistema educativo” no se usa mucho en los países analizados. En cambio, la palabra más general “resiliencia” aparece sobre todo en documentos nacionales de desarrollo (estrategias generales, evaluaciones de reformas y recomendaciones de organismos internacionales), muchas veces sin una conexión directa con el sector educativo. Por ejemplo, la Visión 2050 de Mongolia menciona la resiliencia dentro del desarrollo nacional a largo plazo, enfocándose en la cohesión social, la reducción del riesgo de desastres y la acción climática.

Dentro del ámbito educativo, la resiliencia suele entenderse más como gestión de crisis o como una forma de describir los riesgos y desafíos del sistema. En el lenguaje propio del sector educativo, es más común usar conceptos similares o relacionados, como efectividad, estabilidad, adaptabilidad, relevancia, modernización, mejora de la calidad y sostenibilidad. En Ucrania, un término parecido y más usado es stiykist, que incluye ideas como resiliencia, solidez, estabilidad y resistencia, siendo un poco más amplio que el término "resiliencia" en inglés. Conceptos similares también se usan comúnmente en otros países del estudio.

Por otro lado, el término “resiliencia” aparece más seguido en documentos de organizaciones internacionales que apoyan el desarrollo de los sistemas educativos, especialmente cuando ayudan a crear o actualizar políticas del sector. Aparece en informes de conferencias, consultas y recomendaciones sobre el desarrollo del sistema, en estudios de monitoreo y análisis, en evaluaciones de la efectividad de las reformas y en documentos sobre apoyo y cooperación internacional.

Aunque el término “resiliencia” no se usa mucho, los países sí tienen políticas y prácticas que ayudan a fortalecer la resiliencia de sus sistemas educativos. En general, los países están trabajando en: ampliar el acceso y la calidad, modernizar los currículos, mejorar la gestión y los sistemas de información educativa (EMIS), elevar la calidad docente, enfrentar la escasez de profesores y mejorar la infraestructura educativa. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización en todo el sistema, impulsando la creación de plataformas educativas en línea, la distribución de dispositivos y el mapeo de conectividad. Todo esto ahora sirve como base para mantener la continuidad del aprendizaje frente a futuras crisis.

La mayoría de los esfuerzos actuales relacionados con la resiliencia se enfocan en fortalecer el sistema, planificar y responder a las crisis conforme van ocurriendo. En cambio, se presta mucha menos atención a prácticas como anticiparse a riesgos futuros, preparar el sistema educativo con anticipación y reducir posibles interrupciones, a pesar de que estas son las acciones que más ayudarían a disminuir futuras crisis y desigualdades. Por eso, los esfuerzos de resiliencia en la región siguen siendo, en gran parte, reactivos. 

Las iniciativas de fortalecimiento del sistema suelen abordar problemas como el acceso desigual, la falta de docentes, currículos desactualizados y la brecha digital, mediante medidas prácticas como: mejorar el transporte escolar y la infraestructura, implementar certificación docente y pago por desempeño, ampliar la educación inclusiva y desarrollar plataformas de aprendizaje en línea. Por su parte, los esfuerzos de planificación también ponen énfasis en la modernización del currículo, la alfabetización digital, el desarrollo profesional del profesorado, el aseguramiento de la calidad y la inclusión. 

El contexto define las prioridades. Por ejemplo, en países de Asia Central con zonas montañosas y de difícil acceso, una de las prioridades ha sido garantizar el acceso y la calidad de la educación, en parte mediante la digitalización. En Kyrgyzstan, el gobierno se ha asociado con organizaciones locales e internacionales para ampliar la conectividad a internet en escuelas de zonas montañosas. Mongolia ha seguido un enfoque similar, usando soluciones digitales para llegar a estudiantes nómadas y rurales durante inviernos extremos.

Los países socios de la GPE en la región han enfrentado una amplia variedad de interrupciones, incluyendo terremotos, inundaciones, sequías, inviernos extremos, conflictos fronterizos y conflictos armados. En general, las respuestas han sido reactivas, enfocadas en atender las consecuencias en lugar de reducir los riesgos con anticipación, centrándose en restablecer el aprendizaje y reparar la infraestructura dañada. Sin embargo, las crisis pasadas han ayudado a los países a responder mejor a nuevas situaciones. Por ejemplo, durante la invasión a gran escala de Rusia, Ucrania utilizó lo aprendido durante la educación a distancia en la pandemia de COVID-19 lo que permitió a docentes y estudiantes adaptarse más rápidamente al aprendizaje remoto e híbrido.

Los sistemas de análisis de riesgos a futuro y los sistemas de alerta temprana siguen siendo fragmentados y, cuando existen, suelen estar integrados en estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres (DRR), en lugar de planes específicos del sector educativo. Estos marcos de DRR promueven el monitoreo constante de riesgos, las evaluaciones que identifican grupos vulnerables y las revisiones de infraestructura y seguridad escolar. Desde la pandemia de COVID-19, muchos países han puesto mayor énfasis en el monitoreo y la generación de reportes con enfoque preventivo, aunque los avances siguen siendo desiguales en la región. En la práctica, la anticipación todavía se basa principalmente en lecciones aprendidas de crisis pasadas, con iniciativas centradas sobre todo en el pronóstico de desastres naturales y la preparación. Por ejemplo, en Uzbekistán, algunas escuelas en zonas montañosas han verificado el funcionamiento de estaciones meteorológicas locales y han realizado capacitaciones en preparación para docentes, estudiantes y comunidades. 

El limitado énfasis en el análisis de riesgos a futuro y en los sistemas de alerta temprana en el sector educativo se debe, en parte, a la inestabilidad económica y a los presupuestos ajustados en educación en toda la región. Con recursos limitados, los ministerios priorizan cubrir necesidades inmediatas —como mantener las escuelas abiertas, actualizar los currículos, reparar instalaciones y pagar a los docentes— en lugar de desarrollar capacidades de anticipación. En este contexto, socios internacionales (como UNICEF, el Banco Mundial y la Unión Europea) han brindado con frecuencia asistencia técnica y financiamiento para diseñar medidas de reducción del riesgo de desastres (DRR), fortalecer los sistemas de datos y financiar inversiones en escuelas seguras.

Cuando ocurren crisis, los estudiantes más vulnerables son los primeros y los más afectados. En toda la región, varios grupos enfrentan mayores barreras para aprender: niños en zonas rurales, remotas o comunidades nómadas; estudiantes de hogares de bajos ingresos; niños con discapacidad; minorías étnicas y lingüísticas; migrantes, desplazados internos y refugiados. Estos riesgos suelen superponerse, aumentando la exclusión y reduciendo el rendimiento educativo: por ejemplo: un niño rural de una comunidad minoritaria sin acceso confiable a internet. Para enfrentar esto, los países han tomado medidas para proteger el aprendizaje de estos grupos, como: ampliar el transporte escolar y mejorar la infraestructura, ofrecer apoyo lingüístico e inclusión educativa, impulsar iniciativas de niñas en STEM, invertir en plataformas digitales educativas y conectividad, y ampliar los servicios de apoyo psicosocial dentro y alrededor de las escuelas. 

Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos cambiaron rápidamente a la educación a distancia usando la televisión y plataformas nacionales en línea para llegar a estudiantes sin acceso confiable a internet o dispositivos. También ayudaron a reducir la brecha digital distribuyendo equipos y ampliando la conectividad. Además, fortalecieron el apoyo psicosocial —mediante líneas de ayuda y capacitación docente— para atender el aumento de ansiedad y estrés entre estudiantes y profesores, especialmente aquellos que ya eran más vulnerables. 

Más allá de la pandemia, los países han adaptado sus respuestas según las interrupciones específicas de cada contexto. En 2023–2024, Mongolia, con apoyo de socios internacionales, implementó la Respuesta Educativa de Emergencia Dzud durante uno de sus inviernos más severos, brindando clases de recuperación, distribuyendo dispositivos para el aprendizaje remoto y capacitando a docentes en apoyo psicosocial. Para apoyar a niños refugiados ucranianos, Moldavia trabajó con organizaciones internacionales para lanzar EduTechLab, ofreciendo servicios psicosociales, aprendizaje formal e informal y actividades recreativas, además de equipar centros con tecnología moderna y preparar a docentes para apoyar a estudiantes recién llegados.

Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo desiguales, lo que deja a los estudiantes más vulnerables en riesgo constante. Los apoyos para la inclusión y los materiales adaptados no son consistentes, especialmente para estudiantes con discapacidad y minorías lingüísticas, mientras que muchas zonas remotas aún enfrentan problemas de conectividad y escasez de docentes calificados. Además, la alta dependencia de socios internacionales y la limitada capacidad de monitoreo a nivel del sistema dificultan que los gobiernos identifiquen, hagan seguimiento y financien adecuadamente el apoyo para quienes más lo necesitan.

A medida que las interrupciones aumentan, los sistemas educativos resilientes ya no pueden depender de soluciones improvisadas. El reto ahora es claro: fortalecer las funciones clave del sistema, institucionalizar el análisis de riesgos y los sistemas de alerta temprana, realizar planificación de escenarios de forma regular y responder de manera que se protejan el aprendizaje y el bienestar. Todo esto, asegurando que los niños más marginados sean identificados de forma constante, reciban apoyo y tengan oportunidades reales de salir adelante. La región ya cuenta con ejemplos sólidos de lo que funciona; el siguiente paso es conectarlos, institucionalizarlos y ampliarlos con una intención clara y un compromiso sostenido.

El camino a seguir es práctico. Los gobiernos pueden invertir en la anticipación incorporando el análisis de riesgos, los sistemas de alerta temprana y ejercicios de escenarios dentro de la planificación habitual, con presupuestos asignados tanto a nivel nacional como subnacional. También pueden escalar lo que funciona, convirtiendo iniciativas ya probadas —como el desarrollo profesional del profesorado, el apoyo lingüístico inclusivo, los programas de nivelación y la conectividad escolar— en políticas nacionales, respaldadas por recursos propios y planes de implementación con costos definidos. Además, pueden diseñar pensando primero en los más vulnerables, planificando el transporte, el acceso digital, los currículos y las evaluaciones en función de estudiantes rurales, minorías, niños desplazados y estudiantes con discapacidad.

Por último, esta agenda debe basarse en la historia y el perfil de riesgos de cada país.  Esto implica combinar funciones generales de resiliencia con soluciones específicas según el contexto, como: estándares de escuelas resistentes a terremotos en zonas sísmicas; refugios y educación híbrida en contextos de conflicto; conectividad confiable para escuelas remotas; y políticas inclusivas y multilingües junto con la integración de refugiados, cuando el idioma y la migración afectan el acceso. La implementación sostenible depende de combinar el apoyo internacional con un fuerte liderazgo y compromiso nacional. Solo así se podrá pasar de apoyos desiguales, alta dependencia de actores externos y capacidades limitadas de anticipación, a sistemas educativos sólidos que garanticen el aprendizaje de todos los niños.